El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, emplazó ayer al ministerio público a someter a juicio disciplinario a aquellos jueces que entienda que han cometido actos contrarios a la ley.

Dijo que el ministerio público no ha sometido ningún juez a la acción disciplinaria ante el pleno de la Suprema Corte, lo cual puede hacer de conformidad con la Ley de Carrera Judicial y con el Reglamento de Carrera Judicial.

Subero Isa se pronunció en esos términos, tras responder declaraciones del director del Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco), Octavio Líster Henríquez, en el sentido de que los jueces son benignos con los casos de corrupción, por lo que disconforme con los magistrados, ponía su cargo a disposición de su superior, el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña.

Subero Isa habló en esos términos durante la apertura del curso Derechos de Autor y Derechos Conexos, para jueces, defensores públicos, abogados, ministerio público, en un acto celebrado en la Escuela Nacional de la Judicatura.

“Si el ministerio público tiene interés en sancionar a aquellos jueces que ellos consideran que han cometido actos contrario a la ley, no han sometido ningún juez a la acción disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia, lo cual pueden hacer de conformidad con la Ley de Carrera Judicial y de conformidad con el Reglamento de Carrera Judicial”, enfatizó Subero Isa. Manifestó que al parecer al ministerio público le gustan más las informaciones en la prensa que la solución de los casos.

Compromiso

Empero, sostuvo que prefiere mantener el compromiso que asumió con el Procurador General de la República, el cual, lamentablemente, el ministerio público no ha cumplido, y que señala que cualquier conflicto relacionado con los jueces o los fiscales lo iban a discutir a lo interno de ambas instituciones.

Aclaró que la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia, en torno al presunto fraude cometido en el Plan Renove, no fue una crítica ni se estaba juzgando la actuación del ministerio público.

“Se estaba juzgando la situación creada por una sentencia, que él debe de conocer porque cuando se juzga a través de un recurso de casación no se juzga la actuación tomada por el ministerio público, sino la decisión adoptaba por un juez”, adujo Subero Isa.

Señaló que el plenario en su mayoría, con excepción de los votos disidentes, consideró que la sentencia tenía deficiencias técnicas que había que resolver en otra jurisdicción del mismo grado.